No nos hagamos pendejos: la sociedad civil también tiene su parte de responsabilidad en el narcotráfico. Y no me refiero al usuario de drogas –ese no es un criminal sino un adicto, es decir, un enfermo- sino al estúpido ambicioso que se presta a hacerle malos favores a los cárteles a cambio de jugosas ganancias monetarias.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista negra de empresas vinculadas al narco a 14 compañías, algunas de ellas mexicanas –como la Aeronáutica Cóndor y la Consultoría Falcón, un pequeño centro cambiario-, por prestarse a lavar dinero de los cárteles. Estas empresas formaban parte de una red de lavado de dinero controlada por el capo colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, acusado de ser uno de los enlaces clave entre las mafias de Colombia y México.
Lo que me da mucha tristeza de este caso es que las empresas nacionales corruptas fueron detectadas por el gobierno gringo, que si cuenta con instrumentos y mecanismos legales para detectar y frenar de manera efectiva el lavado de dinero, a diferencia de nosotros, que tenemos graves lagunas legales al respecto y, hay que decirlo, poca voluntad para atacar este problema. La acción policíaca por si sola no basta, también es necesario definir un cuadro jurídico adecuado y sin fisuras legaloides para que las autoridades actúen con contundencia.
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