Moros con tranchetes

Por desgracia, la guerra contra el narco nos obliga a adentrarnos en el mundo de los operativos policíacos, para entender su dinámica, aunque seamos simples ciudadanos. Digo lo anterior por la reacción del PRD luego del operativo en Michoacán, que ha derivado en la captura de 10 alcaldes –seis del PRI-nosaurismo, dos panistas y dos perredistas- y 17 funcionarios y ex funcionarios por vínculos con el cártel de La Familia.

La dirigencia nacional del sol azteca exigió que no haya una estrategia selectiva en el combate al narcotráfico y calificó como “una acción hostil” el hecho de que el gobierno federal realizara el operativo sin notificar al gobernador Leonel Godoy, del PRD. Lo que más preocupa a los perredistas es que entre los detenidos figuran servidores públicos de primer nivel del gobierno estatal: la asesora de seguridad de Godoy, Citlalli Fernández González; el coordinador de asesores del procurador estatal, Ramón Ponce Ponce; el director del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario Bautista; y el juez de primera instancia en La Piedad, Jaime Liera.

A mi parecer, la reacción perredista está fuera de lugar. Por un lado, no creo que la lucha contra el narco se esté llevando a cabo de manera selectiva porque no se puede: las mafias no hacen distingos partidistas, corrompen a todos los que se dejan, por lo que hay que golpearlos ahí dónde se han infiltrado, sin importar el signo político del gobierno afectado. Por otro lado, las autoridades federales no podían notificar al gobierno estatal por el riesgo a una fuga de información: hay que recordar que los detenidos están acusados de proteger y filtrar información a La Familia, por lo que existía el peligro real de que el operativo fuera revelado a los criminales antes de que ocurriera, dándoles la oportunidad de escapar. De hecho, la investigación todavía no termina y no se pueden descartar más arrestos.

La lección que deja este suceso es que si los perredistas –y los demás partidos- quieren que sus gobiernos estatales no sean puestos bajo la lupa por nexos con el narco, deben cuidar más que sus cuadros y funcionarios no sucumban a la tentación de corromperse, en vez de ver moros con tranchetes donde no los hay.

La fuerza policial no basta

No nos hagamos pendejos: la sociedad civil también tiene su parte de responsabilidad en el narcotráfico. Y no me refiero al usuario de drogas –ese no es un criminal sino un adicto, es decir, un enfermo- sino al estúpido ambicioso que se presta a hacerle malos favores a los cárteles a cambio de jugosas ganancias monetarias.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista negra de empresas vinculadas al narco a 14 compañías, algunas de ellas mexicanas –como la Aeronáutica Cóndor y la Consultoría Falcón, un pequeño centro cambiario-, por prestarse a lavar dinero de los cárteles. Estas empresas formaban parte de una red de lavado de dinero controlada por el capo colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, acusado de ser uno de los enlaces clave entre las mafias de Colombia y México.

Lo que me da mucha tristeza de este caso es que las empresas nacionales corruptas fueron detectadas por el gobierno gringo, que si cuenta con instrumentos y mecanismos legales para detectar y frenar de manera efectiva el lavado de dinero, a diferencia de nosotros, que tenemos graves lagunas legales al respecto y, hay que decirlo, poca voluntad para atacar este problema. La acción policíaca por si sola no basta, también es necesario definir un cuadro jurídico adecuado y sin fisuras legaloides para que las autoridades actúen con contundencia.

Otra forma de luchar contra el narco

El acoso a los medios informativos y la intimidación a los periodistas es uno de los aspectos más cobardes de la guerra que el narco le ha declarado a la sociedad mexicana. Y la peor forma que reviste esta cobardía es el asesinato de informadores, un método que busca imponer el silencio sobre sus actividades ilegales, aunque a estas alturas los capos deberían haber entendido que esos crímenes no sirven para nada y únicamente logran atraer aún más la atención sobre sus negocios ilícitos.

En menos de un mes, dos periodistas han sido asesinados en Durango, estado gobernado por el PRI-nosaurismo. Primero fue Carlos Ortega, del diario El Tiempo, ejecutado a principios de mayo. Posteriormente fue el turno del reportero Eliseo Barrón Hernández, del periódico Milenio-La Opinión de la Tarde, quien investigaba el tema de la inseguridad, sobre todo en la región lagunera: Barrón Hernández fue levantado por un comando y ejecutado de varios disparos. En esta guerra contra el narco, la transparencia es esencial para evitar los puntos oscuros que sólo generan confusión e incertidumbre. De ahí la importancia de la labor de los periodistas, que son los ojos y oídos de la sociedad. Es por ello que el dinogobernador Ismael Hernández Derás debe aplicarse más en su responsabilidad de proteger a los informadores, ya que sin ellos nos quedamos ciegos y sordos ante la violencia de los cárteles, tal y como pretenden las mafias. Proteger a los periodistas es también una forma de luchar contra el narco.

¿Quién es responsable?

Cada uno es responsable de si mismo, eso lo sabemos todos… salvo los PRI-nosaurios y otras bestezuelas de su calaña. Respecto a la detección de candidatos vinculados con el narco, la Secretaría de Gobernación le ha respondido a los partidos que son ellos los que tienen que velar por la integridad moral de sus aspirantes a puestos de elección popular. Y tiene razón. No es que las autoridades se desmarquen por completo del asunto, pero no es su facultad: ellas ya cumplen su labor mediante el intercambio de información entre dependencias oficiales, como la Segob con el IFE, por ejemplo, y con la cabal aplicación de la justicia (que se puede mejorar, que ni qué, pero ese es otro tema).

Pero la primera responsabilidad recae en los partidos: a las dirigencias nacionales partidistas les corresponde postular candidatos limpios, revisar sus antecedentes, asegurarse de su calidad moral. Porque eso de que postulen a alguien que resulta ser un pinche narco y que luego vengan con el cuento “es que no sabíamos”, pues la verdad esa no me la trago.

En todo caso, si quieren que sean otros los que asuman la responsabilidad de detectar narcocandidaturas, pues tienen que darle facultades a los organismos de seguridad y justicia para que puedan investigar a sus militantes, sin excepciones; que además de tests antidoping, los políticos pasen por el detector de mentiras y que se investiguen todas sus finanzas personales hasta el último centavo, así como la de sus familiares y posibles prestanombres. Es decir, que queden al desnudo, aunque no les guste.

Políticos a prueba

Los narcos sólo tienen una manera de relacionarse con la sociedad: la intimidación. Desde que comenzó la guerra en su contra, los cárteles se han empeñado en intimidar a las corporaciones policíacas mediante las ejecuciones, los descabezados y los ataques contra cuarteles y retenes.

Ahora, parecen darle otra vuelta a la tuerca con la intimidación de políticos. Ya en el pasado, habían dado señales de que eran capaces de agredir a integrantes de los partidos políticos, aunque eran incidentes aislados que no pasaban más allá de una simple advertencia. Sin embargo, los sucesos de los últimos días en Guerrero parecen indicar que los capos quieren intensificar su campaña de intimidación: en tan sólo dos días, apareció el cuerpo ejecutado y calcinado del dirigente del PRD en Petatlán, Álvaro Rosas Martínez, y el candidato del mismo partido a diputado federal por el primer distrito de la Tierra Caliente, Nicanor Adame Vergara, fue atacado a balazos por un grupo de hombres armados (hay que recordar que el PRD gobierna el Estado).

Este aumento del nivel de violencia pondrá a prueba a los políticos, que deberán demostrar de qué están hechos y si tienen la fuerza y la templanza de aguantar los embates del narco. Y por el bien de todos, ojalá y aguanten.

Mario Anguino y los narcos

La increíble historia de Mario Anguiano, que es candidato a la gubernatura de Colima pese a tener vínculos muy cercanos con el narco. Esta presentación que encontré en internet habla sobre ello:

Narcotraficantes En Nuestro Gobierno

View more OpenOffice presentations from mueraelPRI.

Narcoglobalización

Nosotros los mexicanos ya tenemos más que suficiente con nuestros propios narcos como par encima tener que lidiar con los mafiosos de otros países. Las autoridades acaban de capturar a un supuesto integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Miguel Ángel Beltrán, alias “Jaime Cienfuegos”.

Desde hace varios años, se sabe que las FARC obtienen una parte importante de su financiamiento a través del dinero que obtienen de los secuestros y del narcotráfico: de ser una guerrilla pasó a ser una mafia. Y es una mafia que ha extendido sus tentáculos por buena parte de Latinoamérica.

Lógicamente, México, como punto de embarque de drogas a Estados Unidos y Europa, es un punto estratégico en su esquema de trasiego de estupefacientes. De ahí su presencia en territorio nacional. Es más, apenas hace unos días, la policía colombiana detuvo al enlace de las FARC con narcos mexicanos, Wilson Burbano Ordóñez.

Yo estoy a favor de que México otorgue asilo o residencia a integrantes de grupos guerrilleros de otros países, tal y como ha sido su tradición: en el mundo hay muchas injusticias y cualquiera tiene el derecho de luchar contra regímenes autoritarios. Pero hay que tener más cuidado, porque hay algunos que se aprovechan de nuestra hospitalidad para hacer sus chingaderas: no todo lo que reluce es oro, y no todos los que se dicen luchadores sociales son moneditas de oro.

Distancia de por medio

Los supuestos vínculos entre políticos y el narco sigue dando de qué hablar: la Procuraduría General de la República informó que Cándido Monreal, hermano del senador petista, Ricardo Monreal, se encuentra en calidad de indiciado a raíz del descubrimiento de más de 14 toneladas de marihuana en una de sus propiedades. Es muy posible que el senador del PT, que antes formaba parte del PRD, no esté involucrado en el caso. Después de todo, la PGR ha aclarado que no hay ninguna investigación en su contra.

Pero me cuesta mucho creer que el hermano del senador sea inocente: más de 14 toneladas de mota no se “siembran” en una propiedad así como así, tal y como sostienen la familia Monreal. Se necesita una logística, camiones que transporten la droga y personal que la descargue. Y también me cuesta mucho creer que Ricardo Monreal no sabía nada sobre las actividades de su hermano.

Si Monreal quiere salir con su prestigio intacto, no le queda más opción que deslindarse del asunto de manera que no haya dudas, aunque eso implique mandar a la chingada a su carnal: su posición de representante popular así lo exige.

Pegar en su punto más débil

El combate contra el narco debe ser integral: no basta con los operativos policiacos y la detención de criminales, también hay que golpear a los cárteles dónde más les duele, sus finanzas. Según el Fondo Monetario Internacional, cada año, las mafias lavan en territorio mexicano unos 25 mil millones de dólares. Para la PGR, el monto se reduce a unos 10 mil millones. Más allá de esta danza de cifras, lo cierto es que la estructura financiera de los narcos casi no ha sido afectada por las autoridades: desde que se tipificó este delito, en 1989, tan sólo se han obtenido 25 sentencias.

No sé si se requiere reformar las leyes para hacer más efectiva la detección y sanción del lavado de dinero, pero urge atender este flanco en el combate contra las drogas: sin sus millonarios recursos, los narcos no pueden sobornar a nadie, comprar lealtades, adquirir armamento y socavas las instituciones. Sin dinero, los capos pierden buena parte de su poder y de su glamour que tanto atrae a muchos jóvenes. Sin lana, los narcos no son nadie.

Una derrota del narco

La confianza genera confianza. Uno de los puntos negros de las próximas elecciones es la posibilidad de que el narco meta su mano peluda en el proceso: que si los hermanos del senador petista Ricardo Monreal están vinculados a Los Zetas, que si el candidato PRI-nosáurico a gobernador de Colima, Mario Anguiano, está condicionado por su hermano preso por delitos contra la salud, etc. Ante este alud de rumores sin confirmar y graves acusaciones, que provocan confusión y, sobre todo temor, es saludable y bienvenido que el mexicano de a pie no se ha dejado intimidar por la violencia y la amenaza de los cárteles, al menos no al grado de abandonar sus obligaciones ciudadanas.

El consejero del IFE, Marco Baños, informó que tan sólo 235 de los 4 millones de ciudadanos notificados para la capacitación electoral rechazaron participar debido a que tienen miedo. Y ninguno de ellos renunció por miedo al narco sino por miedo a la delincuencia común en zonas urbanas donde está es frecuente. Es una buena señal que inspira confianza y que constituye la mejor garantía de unas elecciones limpias y transparentes. Y también es una buena señal sobre la salud de la democracia en el país, aunque hay que reconocer que todavía falta camino por recorrer.